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*DELITOS CONTRA EL HONOR Y FALTA DE ACTUALIZACIÓN LEGAL, MECANISMOS INDIRECTOS CONTRA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
(DIFUNET).- En México los delitos contra el honor y la falta de regulación civil actualizada se han convertido en un mecanismo indirecto igual o mayor que las agresiones físicas para inhibir la libertad de expresión de los periodistas, ya que la ley ataca al periodista, pero no lo protege, no lo defiende, expresó Perla Gómez Gallardo durante el 10º Congreso Nacional y 5º Seminario Internacional de Derecho de la Información celebrado en el Campus Puebla de la Universidad de las Américas, que hoy llegó a su fin.
Sin embargo, en el marco de este evento los asistentes aprobaron un pronunciamiento en el que “se lamenta que una vez más el gremio periodístico mexicano se haya enlutado” con el asesinato del periodista José Emilio Galindo Robles, quien era director de Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán e hicieron un llamado “a las autoridades encargadas de la investigación de estos crímenes para que realicen su trabajo de manera expedita y se encuentren no sólo los motivos del crimen, sino también a los responsables”.
Se recordó que “este año han sido asesinado 13 periodistas de los cuales 10 se presume han sido crímenes vinculados con el ejercicio de la profesión. Además, desde el 11 de noviembre se encuentra desaparecida María Esther Aguilar Cansimbe, reportera de la fuente policiaca de El Diario de Zamora y corresponsal del periódico Cambio de Michoacán en esa ciudad”.
En su intervención la investigadora por la Universidad Autónoma Metropolitana campus Cuajimalpa y miembro del Consejo Consultivo de la Fundación para la Libertad de Expresión, Perla Gallardo, aseguró que como primer punto en contra del ejercicio de la libertad de expresión está que “tenemos una anacrónica Ley de Imprenta que no es ni constitucional ni inconstitucional, simplemente es aconstitucional porque surgió cuando aún no cobraba vigor la Constitución de 1917 y es tan anacrónico decir imprenta, cuando ya hay Internet y sistemas de información diferentes que pudieran integrarse ya en una legislación moderna”.
Aseguró que el hecho de que se quiten de los códigos penales los capítulos de los delitos contra el honor, como son difamación, injuria y calumnia, tampoco implica un cheque en blanco, impunidad o que el ejercicio del periodismo se ejerza a sin límites.
Sin embargo, destacó también que hoy en México existe “una situación muy interesante” porque si se logró la despenalización a nivel federal, “y salió la foto y se ve muy bien hacia afuera, el problema está en que por la propia federación se permite que haya 32 códigos penales y 32 códigos civiles”. Es decir, que estos delitos se persiguen por el fuero común de acuerdo con el domicilio o lugar donde se cometieron.
Gómez Gallardo añadió que se siguen penalizando los delitos en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua —nada más dejó la calumnia—, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, SLP, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
“De nada sirve que se despenalice el Código Penal Federal porque nadie lo usa. Ese es un problema porque termina siendo demagogia que se diga que ya no se penaliza cuando realmente existe y es real, y cuidado con los que usen Internet porque si yo fuera litigante y quisiera fastidiar a un periodista lo demando en las entidades federativas que me lo permitan porque esa fue la difusión que tuvo su nota”, añadió.
Todavía una situación muy interesante es la forma de redacción del delito de difamación, añade la experta, “porque el de calumnia quizá pueda justificarse, pero el de difamación menciona que es el cometido por quien comunica algo cierto o falso que pueda causar algún daño”. Así de simple y llano.
Y son estas inconsistencias o falta de actualización de las leyes las utilizadas por los personajes públicos para inhibir la libertad de expresión, abundó, porque tampoco se ha logrado hacer una diferenciación entre lo que es de interés público, como es el ejercicio de los servidores públicos, y la vida privada.
“Se han convertido en México los delitos contra el honor y la falta de regulación civil en un mecanismo indirecto de defensa de las figuras públicas, quienes demandan y la ley no es clara y los jueces no están capacitados en el mejor de los casos, por no decirles ignorantes ni corruptos, sino en la parte de capacitación de nuestras autoridades jurisdiccionales, para analizar la diferencia sio que apenas hace 5 años empezaron a surgir los criterios sobre la importancia de fiscalizar a la figura pública”, aseguró.
Por su parte, José Luis Vázquez Baeza, director general de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, destacó el tema de la ética en la función de los medios masivos, donde existen riesgos de perder de forma cotidiana los tres ejes rectores del periodismo como son la veracidad (la fidelidad a los acontecimientos), la independencia y la responsabilidad social.
Por el contrario, ¿cómo puede haber medios responsables socialmente si no existen las normas para el ejercicio del periodismo” por lo que “se necesita avanzar en un Sistema de Regulación de quienes trabajan y hacen los medios. Esto debe contener ética y responsabilidad hacia sus lectores y hacia los propios actores de la noticia”.
Porque hoy “los medios se han transformado también en tribunales paralelos”. El tema del respeto a la vida privada, el asunto de la clausula profesional, el asunto de la clausula de conciencia, de cómo tratamos la información sobre posibles trasgresiones a la ley, etc., son temas que deben estar de forma permanente en la discusión del ejercicio profesional.
Los probables abusos, terció Lilia Vélez, defensora del lector del diario Síntesis, es el problema de la falta de una sociedad donde en buena medida aún existe una cultura autoritaria, lo que implica “una escasa ciudadanía y un público poco crítico, poco conocedor de sus derechos como tal y, por lo tanto, indiferente al respeto o no de los derechos al honor, a la propia imagen, a la verdad, el derecho de réplica e, incluso muy importante, la presunción de inocencia”.
La Fundación para la libertad de Expresión (FUNDALEX) exigió hoy al gobierno mexicano un alto total al recrudecimiento de la violencia contra periodistas, que trajo la muerte de otro comunicador. 
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